
El Gobierno ha sacado adelante dos leyes urgentes para proteger a inquilinos y propietarios, pero sus propios socios en el Congreso no han prometido votarlas a favor. Junts y Podemos advierten que mirarán votación por votación, sin compromisos previos. La votación será este viernes.
El Gobierno de Pedro Sánchez necesita de otros partidos para gobernar porque su propio partido (PSOE, los socialistas) no tiene mayoría de diputados. Sus principales aliados son Podemos (izquierda), Junts (independentistas catalanes con 7 diputados) y Sumar (otra formación de izquierda). Estos socios lo ayudaron a elegir a Sánchez como presidente hace unos años, así que teóricamente deberían apoyar sus leyes. Pero ahora el Gobierno aprueba dos decretos sobre vivienda (una forma de ley de urgencia que necesita después confirmar en el Congreso) y sus socios avisan: no tenemos cerrado nuestro voto. Es arriesgado: sin ese apoyo, los decretos se rechazan.
Lo que ocurra el viernes en la votación será decisivo para miles de personas. Si los decretos salen adelante, los inquilinos seguirán protegidos contra desahucios hasta 2030 y los contratos de alquiler se alargarán automáticamente. Si se rechazan, vuelven a quedar en el limbo. El problema es que el Gobierno está débil en números y depende completamente de las decisiones que tomen partidos como Junts y Podemos en cada votación. Esto crea incertidumbre para quien necesita vivienda.