
El Gobierno ha publicado hoy la mayor oferta de empleo en la Justicia: 700 plazas para jueces y fiscales. Es el doble de lo que se hacía antes y busca reforzar los tribunales después de años con pocos refuerzos. El proceso para optar a estos trabajos empezará en octubre.
Los jueces y fiscales son los empleados públicos que trabajan en los tribunales: los jueces sentencian, los fiscales acusan. En España hay varios miles de ellos repartidos por toda el país. El Ministerio de Justicia (el departamento del Gobierno que gestiona los tribunales) está dirigido por Félix Bolaños. En los últimos años, el número de jueces y fiscales no había crecido mucho, lo que causaba retrasos en los juicios. El BOE (Boletín Oficial del Estado, la publicación oficial donde se anuncian las leyes y empleos públicos) ha publicado hoy una convocatoria con 575 plazas por oposición (pruebas selectivas abiertas a todos) y 125 más para magistrados con experiencia. Esto supone un aumento del 8,5% en la plantilla judicial en un solo año, algo sin precedentes.
Para la gente normal, esta noticia significa que en los próximos años podría haber más jueces en los tribunales, lo que en teoría haría los procesos más rápidos. Sin embargo, reclutar 700 jueces en un año es logísticamente difícil: hay que hacer oposiciones, que la gente apruebe, que se formen y que se asignen a los pueblos y ciudades que los necesitan. Lo que está claro es que el Gobierno apuesta por reforzar la Justicia, aunque el momento (en medio de varios casos contra políticos socialistas) ha generado desconfianza en la oposición sobre si el objetivo es realmente resolver la saturación o colocar jueces favorables.