
Una exmilitante del PSOE llamada Leire Díez ha estado investigada por presuntas maniobras para influir en procedimientos judiciales relacionados con el partido y el Gobierno. Se presume que Díez y el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán formaban una trama para "desestabilizar" procedimientos judiciales que pudieran afectar al PSOE y al Gobierno. Un juez de la Audiencia Nacional pidió una operación sin precedentes: agentes pasaron 12 horas en la sede federal del PSOE en Madrid requisando documentación.
Leire Díez fue una exmilitante del PSOE y antigua directiva de empresas públicas a quien los medios llamaban "fontanera" por su rol en operaciones políticas discretas. Trabajó en empresas públicas como ENUSA y en Correos. En mayo de 2025, unos audios de Díez fueron publicados por un medio, lo que desencadenó una investigación judicial. El juez Santiago Pedraz imputa a Santos Cerdán (exnúmero dos del PSOE) como presunto líder de la estructura, con Leire Díez como coordinadora ejecutiva. Cerdán habría puesto "a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido" para financiar operaciones destinadas a desestabilizar causas judicales que afectaban al Gobierno. La presunta trama tenía como objetivo "proteger los intereses puestos en juego" en causas judiciales que afectaban al PSOE y, "directa o indirectamente", a miembros del Gobierno o su presidente.
Este caso toca tres realidades importantes en la vida cotidiana de la gente. Primera: si alguien investiga a políticos, debe poder hacerlo sin presiones de arriba. Segunda: la Guardia Civil, los jueces y los fiscales deben investigar sin que nadie les diga qué casos cerrar o abrir. Tercera: si sale a la luz que hubo intentos de frenar investigaciones, eso daña la confianza en que la justicia funciona para todos igual. Lo importante es que esos intentos no tuvieron éxito. La pregunta que queda es cómo pasó esto sin que más gente lo parara antes.