
La Fiscalía le pide al Tribunal Supremo que permita votar a miles de personas que se nacionalizaron como españoles por ser descendientes de exiliados de la dictadura. Un tribunal había suspendido su voto, pero ahora dice que es imposible aplicar esa decisión porque las elecciones se adelantaron.
La 'ley de nietos' es una norma que permite que descendientes de españoles exiliados durante la dictadura franquista se conviertan en ciudadanos españoles. En septiembre, el Tribunal Supremo (el juzgado más importante del país) suspendió el derecho a votar de estos nuevos ciudadanos por sospechas de fraude electoral. Pero el Gobierno adelantó las elecciones al 29 de noviembre, y ahora el censo electoral está cerrado desde el 1 de agosto, lo que crea un lío enorme: la orden del Supremo no se puede cumplir a tiempo. La Fiscalía (que representa los intereses del Estado) dice que esto es un problema y pide que se levante la suspensión.
En la práctica, esto afectará al próximo 29 de noviembre: entre 170.000 y 400.000 españoles pueden quedarse sin poder votar dependiendo de qué decide el Tribunal Supremo en las próximas semanas. Los que estén en el censo podrán votar si tienen un certificado del consulado; los que no estén, no podrán. El Supremo debe resolver pronto qué pesa más: los derechos de voto de ciudadanos legales o las dudas de fraude electoral. Cualquier decisión dejará a mucha gente molesta.