
El tribunal de justicia europeo avaló la ley de amnistía española ayer. Carles Puigdemont (el expresidente de Cataluña que vive en Bélgica desde 2017) celebra que Europe le da la razón, pero todavía falta que el Tribunal Constitucional español decida si lo amnistía. El Gobierno espera que esto ayude a negociar los presupuestos con Junts para el próximo año.
España aprobó una ley en 2023 que amnistía (perdona) a los políticos independentistas catalanes por los delitos que cometieron en el referéndum de 2017. Esta ley fue la condición que Junts y ERC (dos partidos independentistas) pusieron para investir a Pedro Sánchez como presidente. El problema: el Tribunal Supremo (el tribunal más alto de España) se negó a aplicarla a Puigdemont, diciendo que hubo malversación, es decir, que desvió dinero público. Entonces, los tribunales españoles pidieron ayuda a la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, el tribunal de la UE) para que dijera si la amnistía era legal según las leyes europeas.
Ahora hay que aplicar la ley de verdad a Puigdemont, pero el Tribunal Supremo ya considera que la malversación no está amnistiada. El Tribunal Constitucional tendrá que decidir en octubre si ordena al Supremo retirar la orden de detención contra Puigdemont. Mientras, Sánchez necesita los votos de Junts para sacar presupuestos, pero la relación entre socialistas e independentistas se ha complicado por los problemas en aplicar la amnistía. La realidad: la decisión europea no cierra el conflicto, lo traslada a los tribunales españoles.