
La justicia europea ha validado la ley de amnistía de Cataluña, confirmando que no daña los intereses económicos de la UE. Sin embargo, Puigdemont sigue en Bélgica porque el Tribunal Supremo español mantiene su orden de detención. En otoño, el Tribunal Constitucional decidirá si obliga al Supremo a amnistiar a Puigdemont.
Hace casi tres años, en 2024, el Gobierno español aprobó una ley de amnistía para perdonar legalmente a todos los involucrados en el intento de independencia de Cataluña en 2017. Esta ley nació como parte de un acuerdo político para que la izquierda pudiera gobernar. El problema: el Tribunal Supremo (el tribunal más alto de los juicios ordinarios en España) decidió que esta amnistía no se aplicaba a Carles Puigdemont, que fue presidente de la región de Cataluña, porque según los jueces del Supremo algunos de sus delitos (especialmente malversación, que significa gastar dinero público de forma irregular) no están cubiertos por la ley. Puigdemont vive exiliado en Bélgica desde 2017 y no puede volver a España sin ser arrestado. El Tribunal Constitucional (que es como el árbitro supremo de si las leyes son justas) está revisando esto. Ahora, la justicia europea (TJUE, que controla las leyes de la Unión Europea) ha dicho que la amnistía española es legal y correcta según el derecho europeo. Esto da más fuerza a Puigdemont para esperar que el Tribunal Constitucional español le dé la razón en otoño.
En otoño el Tribunal Constitucional decidirá si ordena al Supremo amnistiar a Puigdemont y permitir su regreso. Para la gente normal, esto significa que el conflicto catalán sigue sin cerrarse: Puigdemont continúa en el extranjero esperando a que dos tribunales españoles se pongan de acuerdo. Mientras tanto, la política española está bloqueada porque Puigdemont controla los votos necesarios en el Parlamento y el Gobierno no puede gobernar con normalidad. La decisión europea sí obliga directamente a aplicar amnistía a otros 35 altos cargos investigados por el Tribunal de Cuentas, pero el gran pulso político sigue en manos de los jueces españoles.