
El juez ha citado a Begoña Gómez, esposa del presidente, el lunes para decidir si la envía a juicio oral. Se le acusan de cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. Esta semana es crítica porque también comparecen otros investigados cercanos al Gobierno.
Begoña Gómez Fernández es la esposa de Pedro Sánchez, quien es el presidente del Gobierno de España desde 2018. Es experta en marketing y captación de fondos para ONG, y codirige un título universitario sobre captación de fondos para organizaciones sin ánimo de lucro en la Universidad Complutense de Madrid. Un juez comenzó a investigarla hace más de dos años tras una denuncia del grupo Manos Limpias. Ahora, tras recibir los escritos de las acusaciones que piden 24 años de cárcel, el juez la ha citado al último acto previo al enjuiciamiento, que es obligatorio. Esto significa que la fase de investigación ha terminado y el juez debe decidir si hay pruebas suficientes para llevarla a juicio con jurado popular.
El caso Begoña se sitúa ahora a las puertas del juicio oral, con expectación por posibles medidas cautelares restrictivas, siendo uno de los procedimientos judicales sometidos a mayor escrutinio mediático y político de los últimos años. Lo importante para la gente normal es que la justicia funcione sin presiones políticas. Independientemente del resultado, este caso consume energía en un momento donde hay problemas más urgentes: desempleo, vivienda, servicios públicos. Además, mientras todo el país espera a que se aclare si hay delito o no, la imagen del Gobierno se daña. Por eso muchos ciudadanos creen que los políticos, sin importar el bando, deberían mantener a sus familias fuera de negocios públicos.