
El Parlamento andaluz abrió su nueva legislatura con una mesa controlada por el PP (5 asientos) y el PSOE (2), dejando fuera a Vox, a pesar de las negociaciones abiertas para un posible acuerdo de gobernabilidad. Mientras, en el Congreso, el PP cuestiona cómo el Gobierno puede garantizar la seguridad del país sin presupuestos actualizados. La realidad: España debe cumplir un compromiso internacional pero opera sin cuentas públicas nuevas.
El PP-A logró 53 escaños en las elecciones del 17 de mayo, dos menos de la mayoría absoluta, por eso necesita apoyos. El PSOE (que gobernó Andalucía durante 40 años hasta hace poco) es el principal partido de oposición. Vox (partido de ultraderecha, fundado por Santiago Abascal) quería participar pero el PP decidió no darle asientos en la mesa del Parlamento. En Madrid, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez sigue sin presupuestos nuevos desde 2023: utiliza presupuestos prorrogados (del 2023). El problema: España tiene un compromiso con la OTAN (alianza militar con muchos países de Europa y América del Norte) de dedicar el 2,1% del PIB a defensa. Sin presupuestos nuevos es complicado cumplir, y por eso el PP ataca constantemente a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La tensión real es sobre quién paga la seguridad. España necesita armas, soldados y sistemas de defensa actuales (por la situación en Ucrania, por ejemplo). La OTAN lo exige. Pero sin presupuestos nuevos, el dinero sale de otras partidas o se improvisa con mecanismos legales pero cuestionables. En Andalucía, el reparto de poder muestra que Vox sigue siendo importante pero que el PP prefiere gobernar pactos frágiles antes que darle poder. Para los ciudadanos: esto significa que mientras se negocia, la seguridad se financia de forma inestable, y en Andalucía las decisiones importantes dependerán de acuerdos ad hoc con Vox.