
El Gobierno aprobó en abril las 35 horas semanales para 250.000 empleados del Estado. Ahora, trabajadores de ayuntamientos y gobiernos autonómicos piden lo mismo y amenazan con huelgas si no lo consiguen. Es un efecto dominó: cuando unos ganan, otros quieren lo suyo.
En España hay más de tres millones de empleados públicos repartidos en tres niveles: el Gobierno central (Administración General del Estado), las comunidades autónomas (gobiernos regionales como Cataluña o Madrid) y los municipios (ayuntamientos). Todos hacen trabajos parecidos: funcionarios, limpiadoras, administrativos. El Gobierno central aprobó pasar de 37 horas y media a 35 horas semanales para sus 250.000 trabajadores. Pero los empleados de ayuntamientos y gobiernos autonómicos siguen trabajando más horas. Cuando ven que otros consiguen menos horas por el mismo trabajo, protestan y reclaman lo mismo. Algunos territorios ya lo han hecho; en otros, amenazan con paros.
En la práctica, esto afecta directamente a servicios que usamos todos: si no hay suficientes empleados en un ayuntamiento, tardará más en procesar trámites, recoger basura o mantener parques limpios. Si hay huelgas, algunos servicios pueden pararse. El conflicto seguirá mientras haya diferencias entre territorios. Es probable que en los próximos meses veamos más negociaciones y posibles paros en municipios y gobiernos autonómicos que aún no han reducido las horas.