
El Gobierno acaba de aprobar una gran reforma para mejorar la atención a ancianos y discapacitados. Pero hay un problema: quienes cuidan a estas personas cobran sueldos bajísimos, trabajan mucho y el sector está colapsado. Ahora toca arreglarlo.
El sistema de dependencia es el conjunto de servicios que cuidan a ancianos, enfermos y personas con discapacidad: residencias, centros de día, gente que va a casa a ayudar. El Gobierno (dirigido por el PSOE y Sumar) acaba de reformar este sistema con un presupuesto enorme: 6.200 millones de euros extra. Fue votado por casi todos los partidos del Congreso (la cámara donde los diputados aprueban las leyes). Pero los sindicatos (organizaciones que defienden a los trabajadores) y las entidades sociales avisan de que falta lo más importante: mejorar los salarios y las condiciones de los cuidadores. Hoy, la mayoría que trabaja en esto son mujeres, cobran poco más que el salario mínimo y están quemadas por el trabajo duro.
La realidad es que España envejece. En 2030 habrá más de dos millones de personas que necesitarán cuidados. Si los trabajadores de residencias, centros de día y ayuda a domicilio siguen ganando poco y trabajando en condiciones difíciles, el sistema colapsará. Sin gente dispuesta a hacer este trabajo, los ancianos y enfermos no tendrán quien los cuide. Las comunidades autónomas tienen ahora el dinero extra: de ellas depende si lo usan para subir salarios o si desaparece en otros gastos.