
El Gobierno español estaba logrando controlar mejor la inmigración, pero una crisis en Ceuta ha reabierto el debate político sobre el tema. Los números mejoraban: menos gente entraba sin permiso y los menores migrantes se distribuían entre regiones. Ahora ese consenso se ha roto.
Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas pequeñas que están en la costa de África. Mucha gente intenta entrar en España de forma irregular por ahí, buscando una vida mejor. El Gobierno (el equipo que dirige el país) había conseguido que bajara el número de inmigrantes que llegaban sin papeles en un 24%. También estaba repartiendo a los menores migrantes solos entre diferentes regiones de España para que no saturaran un solo lugar. Y se preparaba una amnistía: regularizar a un millón de personas que estaban en el país sin documentos legales. Todo iba bien hasta finales de julio, cuando pasó algo en Ceuta que lo cambió todo.
Lo que pasa en Ceuta afecta a todos. Si la migración está controlada, bajan presiones en hospitales, escuelas y servicios sociales. Si hay más personas regularizadas, el Estado recauda más impuestos y menos gente trabaja en negro. La crisis abierta en Ceuta mostrará si el Gobierno logra mantener ese equilibrio que decía haber encontrado.