
Un coronel de la Guardia Civil está en juicio acusado de cambiar etiquetas de fusiles para favorecer a una empresa privada en una compra de más de 8.000 armas. Lo hizo junto con empleados de esa empresa, y todo quedó grabado en vídeo. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel.
La Guardia Civil es la policía militar española que vigila carreteras y zonas rurales. Cuando las instituciones públicas compran algo importante, como armas, tienen que hacer un concurso público donde varias empresas compiten ofreciendo el mejor precio y calidad. Lo que se acusa aquí es que un coronel (oficial de alto rango) manipuló documentos para que ganara una empresa específica, USP, en lugar de dejar que compitieran todas por igual. El vídeo de seguridad muestra al coronel Francisco Pallás y empleados de USP cambiando las etiquetas de fusiles que eran de la Guardia Civil por otras que decían que eran de USP. Es como si alguien trucase un examen para que su amigo aprobara. La compra era de al menos 8.250 fusiles de asalto, así que el dinero público en juego era enorme.
Este juicio afecta directamente a cómo se gastan los impuestos en defensa y seguridad. Si los procesos de compra pública se manipulan, la Guardia Civil podría acabar con armas más caras o de peor calidad de las que habría obtenido en una licitación limpia. En la práctica, cada ciudadano paga más por su seguridad. Además, si se condena al coronel, enviará un mensaje sobre dónde están los límites del poder. Pero también abre preguntas incómodas: ¿cuántos casos así no se detectan? ¿Necesitamos más supervisión en las compras públicas?