
En el próximo año se jubilarán cinco de los quince jueces de la Sala Penal del Tribunal Supremo. El presidente del gobierno podría nombrar a sus sustitutos, lo que le daría influencia sobre casi la mitad de los jueces que juzgan casos penales importantes.
El Tribunal Supremo es el máximo tribunal de justicia en España. Su Sala de lo Penal juzga los casos criminales más graves del país. El presidente del gobierno (Pedro Sánchez, del partido PSOE) puede proponer nombres para ocupar vacantes de jueces cuando se jubilan. Ahora se sabe que cinco de los quince jueces de esa sala se retirarán en los próximos doce meses. Esto significa que Sánchez podría influir en quién ocupe casi la mitad de los puestos, lo que genera inquietud sobre si esto podría afectar a casos políticos o juicios que interesen al gobierno.
En la práctica, esto afecta a cualquier español acusado de un delito grave: sus jueces pueden cambiar. También importa si hay procesos políticos en marcha: los nuevos magistrados podrían tener criterios diferentes a los actuales. El debate real es cómo se elige a los jueces en España: si debe hacerlo el gobierno, el parlamento o un órgano independiente. Otros países lo hacen de formas distintas, y no hay un único modelo perfecto.