
La Comisión Europea ha ampliado este jueves el procedimiento de infracción que mantiene contra España desde el verano pasado. El Gobierno español mantiene poder de veto sobre fusiones de bancos, algo que Europa cree que viola sus reglas. El Gobierno dispone de dos meses para responder antes de que Europa pueda demandarlo ante sus tribunales.
España tiene leyes que permiten al Ministerio de Economía frenar o poner condiciones a fusiones entre bancos grandes. En 2024, el BBVA intentó comprar al Sabadell, y el Gobierno español lo bloqueó con condiciones tan duras que la operación fracasó. Bruselas (la Comisión Europea, que es el ejecutivo de la Unión Europea) cree que solo bancos centrales y autoridades de competencia deberían decidir sobre esto, no políticos. Lo que Bruselas perseguía desde el minuto uno era la legislación subyacente, no un éxito concreto de la oferta. La ampliación del procedimiento de infracción se produce en un momento en el que la UE está apretando a los Estados miembros para completar la unión bancaria. Europa quiere que todos los países funcionen igual en finanzas, sin vetos políticos.
Si la respuesta no convence, Bruselas podría emitir un dictamen motivado y solicitar sanciones económicas. Para la gente normal, esto significa que si España pierde, los bancos podrán fusionarse más fácilmente sin veto político, lo que probablemente hará más competitiva la banca española pero también podría cerrar sucursales locales. España acumula más de 130 procedimientos de infracción abiertos, y en materia financiera ya tuvo que pagar una sanción de 3,2 millones de euros en 2023 por no cumplir otras normas europeas. El Gobierno tiene dos meses para arreglarlo o enfrentarse a multas diarias.