
José Luis Ábalos, exministro del Gobierno, ha sido condenado a 24 años de cárcel por corrupción en el caso de las mascarillas. El Supremo ha rechazado anular la sentencia, así que ahora Ábalos acudirá al Tribunal Constitucional para intentar que declare nulos los derechos vulnerados.
José Luis Ábalos fue ministro de Transportes del Gobierno (la administración que dirige el país) y asesor de su partido político, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español, la izquierda tradicional). En junio fue condenado a 24 años de cárcel por haber ayudado a un empresario llamado Víctor del Aldama a conseguir contratos públicos de mascarillas durante la pandemia, a cambio de dinero. El Supremo (el tribunal más alto del país) ha confirmado esa condena. Ahora Ábalos intenta un último recurso: ir al Tribunal Constitucional (el tribunal que decide si las leyes son justas) para argumentar que el Supremo cometió errores que violan sus derechos.
Este caso afecta a la confianza en las instituciones. Si Ábalos consigue que el Constitucional anule la sentencia por errores procesales, quedaría libre; si lo desestima, la condena se mantiene y probablemente irá a prisión. De cualquier forma, el proceso durará meses más. Para los ciudadanos normales, esto muestra lo larga que es la justicia española: desde la corrupción inicial hasta la sentencia final pueden pasar años, y luego hay más años de recursos.