163.000 españoles en el extranjero, en el aire su voto el 29N
El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo que pedía levantar la suspensión del derecho al voto de 163.020 españoles que viven fuera del país, por lo que esa suspensión acordada por el Tribunal Supremo sigue en pie de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Estas personas obtuvieron la nacionalidad gracias a una ley que se la daba a nietos de exiliados de la Guerra Civil. El problema es que hay dudas sobre si esa ley se aplicó bien, y un tribunal superior les ha suspendido el derecho al voto mientras lo investiga.
En 2022 el Gobierno español (quien manda en el país) aprobó la llamada 'ley de nietos', una norma que permitía hacerse español a quienes son hijos o nietos de personas que tuvieron que huir de España durante la Guerra Civil (1936-1939) o la dictadura del general Franco. Más tarde, el Ministerio de Justicia (el departamento que gestiona los asuntos legales) facilitó aún más el proceso, dando por hecho el exilio en algunos casos sin pedir documentos que lo demostraran. Partidos como Vox (partido de derechas) recurrieron esa facilidad ante los tribunales. El Tribunal Supremo (el tribunal más alto en casos normales) decidió en septiembre pausar el derecho a votar de quienes se acogieron a esa facilidad, mientras estudia si estuvo bien aplicada. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que es una figura independiente que defiende los derechos de los ciudadanos, intentó que el Tribunal Constitucional (TC) frenara esa pausa. Pero el TC ha dicho que ese recurso llegó demasiado pronto, porque el caso sigue abierto en el Supremo.
En la práctica, más de 163.000 personas que viven fuera de España y tienen nacionalidad española podrían no poder votar el 29 de noviembre. El Gobierno reconoce que revisar todos sus expedientes a tiempo es muy difícil. Eso significa que algunos afectados quizás voten sin que nadie lo haya podido impedir, y otros se queden fuera sin saber exactamente por qué. Si los resultados de las elecciones son muy ajustados, algún partido podría impugnar el resultado alegando que hubo votos que no debían contar.